En un intento por desmarcarse de los errores cometidos en el operativo fallido Rápido y furioso, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, ha aceptado su participación “indirecta” en distintas labores de vigilancia, citaciones judiciales, rastreo de números telefónicos e interrogatorios, pero sin haber tenido nada que ver en las decisiones operativas del esquema que permitió el trasiego ilegal de armas de grueso calibre hacia México entre 2009 y 2010.
La ATF está en el ojo del huracán por un operativo bajo investigación del Congreso y del Departamento de Justicia, que ha obligado al presidente Barack Obama y al fiscal general Eric Holder a prometer que se castigará a los responsables de un escándalo que ha causado un indeterminado número de víctimas en ambos lados de la frontera, incluyendo al agente fronterizo Brian Terry —en diciembre de 2010—, y cuyo caso ha permitido al comité que encabeza Darrell Issa ir tras la cabeza de los responsables de Rápido y furioso.
En una carta dirigida a Darrell Issa, Leonhart ( Michele Leonhart, administradora de la DEA) informa que agentes de la DEA estuvieron “indirectamente involucrados en la operación de la ATF”, a través de los denominados Grupos de Tarea (OCDETF, por sus siglas en inglés) que operan a nivel interagencia en las ciudades de El Paso y Phoenix.
“La división de la DEA en El Paso respondió a una llamada, en marzo de 2010, para asistir a la ATF en una operación de vigilancia, como parte del operativo Rápido y furioso”, dijo Leonhart al enfatizar, sin embargo, que “el personal de la DEA nunca participó a nivel de decisiones en los operativos de la ATF”, y que sólo se limitaron a respaldar las investigaciones sobre redes de contrabando de armas desde 2009.
Se confirman dichos de testigos
Apenas el pasado 6 de julio, el comité que encabeza Issa dio a conocer un testimonio ofrecido de forma voluntaria por el actual director en funciones de la ATF, Kenneth Melson, quien denunció que agentes del FBI y de la DEA le habían ocultado su participación directa en el esquema ilegal de tráfico de armas hacia México entre 2009 y 2010.
En un intento por evitar convertirse en chivo expiatorio, Nelson se declaró “enfermo” al descubrir los alcances y errores del operativo.
La carta de Leonhart no ha hecho sino corroborar, con información preliminar, las afirmaciones de Nelson y de otros testigos, aunque aclara que la DEA sólo colaboró de forma “indirecta” y sin ningún tipo de responsabilidad en el diseño de Rápido y furioso.
El pasado 15 de julio, Darrell Issa y el republicano de mayor rango en el comité senatorial de Justicia, Chuck Grassley, instaron tanto a la DEA como al FBI a esclarecer su participación en el operativo. En la carta se le solicitó tanto a Leonhart, como a Robert Mueller, director general del FBI, aportar el contenido de las comunicaciones entre sus agentes y los de la ATF para determinar el alcance de las responsabilidades entre las distintas agencias federales en el fallido operativo que permitió el tráfico de hasta 2 mil armas de grueso calibre que fueron a parar a manos de los cárteles de Sinaloa y de Los Zetas.
En esa carta, Grassley e Issa le refirieron a Mueller que “en las últimas semanas nos hemos enterado de la posible participación de informantes pagados por el FBI en Rápido y furioso”.
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