De enero de 2006 a agosto de 2012 –periodo que abarcó la “guerra” del ex presidente Felipe Calderón al crimen organizado– se elaboraron perfiles genéticos de 15 mil 618 cadáveres jurídicamente no identificados; 97 por ciento de ellos fueron enviados a la fosa común.
Los perfiles correspondían a personas asesinadas que no portaban ninguna identificación, entre ellos migrantes y víctimas de enfrentamientos con policías, militares y delincuentes, o bien entre miembros de bandas rivales. En ese lapso, de esos miles sólo 425 fueron identificados, aunque se desconoce si se entregaron a familiares.
Una investigación realizada por La Jornada detectó que, a pesar de los acuerdos para elaborar un protocolo de identificación de personas asesinadas, las procuradurías de Justicia del país carecen de reglas homologadas para el manejo y conservación de cuerpos o restos humanos.
Cada estado tiene sus plazos particulares para enviar un cadáver desconocido –que en el argot forense se denomina NN– a la fosa común. Los tiempos de retención van de 24 horas a seis meses, dependiendo de la infraestructura, número de peritos o especialistas en medicina forense, las normas sanitarias y las decisiones que toma el Ministerio Público de cada entidad.
En 13 entidades, los desconocidos son enviados a la fosa común con expedientes incompletos y sin que sus huellas dactilares, peritajes de fotografía o genética hayan sido confrontados con los datos nacionales que poseen la Procuraduría General de la República (PGR) o la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
En Coahuila, Morelos, Sonora, Chiapas, Oaxaca y Sinaloa se han habilitado espacios en cementerios o funerarias privadas para la práctica de las necropsias de ley, lo que provocó que cadáveres de supuestos líderes decárteles de las drogas fueran robados y las autoridades federales o estatales no tengan con qué acreditar el fallecimiento. Uno de los casos más sonados ocurrió en octubre pasado en Coahuila, cuando el presunto cuerpo de Heriberto Lazcano Lazcano, líder de Los Zetas, fue robado de una funeraria.
Datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) –dependiente de la Secretaría de Gobernación– y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la Procuraduría General de la República (PGR), refieren que de 2006 a 2012 la llamada base nacional de perfiles genéticos recibió un total de 15 mil 618 perfiles desconocidos, de los cuales solamente 425 fueron identificados.
En 2006 se registraron oficialmente los homicidios de 6 mil 443 personas consideradas desconocidas; en 2007, 723; en 2008, 815; en 2009, mil 29; en 2010, 2 mil 23; en 2011, 3 mil 86, y de enero a agosto de 2012, mil 499.
Hasta 2011, la presión de diversas organizaciones sociales llevó a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), integrado por autoridades federales y estatales, a comprometerse a proporcionar información para una base de datos de personas desaparecidas y de perfiles genéticos de individuos que fueron asesinados y no pudieron ser identificados.
En agosto de 2012, durante la 33 sesión del CNSP, se reveló que 13 entidades federativas no cuentan con laboratorios de genética, a pesar de que la mayoría han presentado altas tasas de homicidios dolosos, considerados como decesos por presunta rivalidad delincuencial. Son: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca.
Durante esa sesión, las autoridades locales y federales se comprometieron a “fortalecer la red nacional de la base de datos de perfiles genéticos” y se acordó que los gobiernos locales que contaran con laboratorios de genética forense elaborarían un diagnóstico de sus “necesidades de personal, con base en el número de genetistas con que cuentan, muestras que analizan por año y las que revisan con mayor frecuencia (saliva, sangre, cabello, huesos, etcétera)”, para lo que contratarían el personal necesario. Cinco meses después no se cuenta con información oficial del cumplimiento de ese acuerdo.
En ese encuentro, realizado en Palacio Nacional, los gobernadores de las 13 entidades que carecen de laboratorios de genética aceptaron construir uno y dotarlo de personal y equipo necesarios. A la fecha, ninguno está terminado, y para cumplir el compromiso cada entidad requiere al menos 100 millones de pesos para infraestructura y recursos destinados a los salarios de los especialistas, indicaron funcionarios federales.
En el sexenio de Felipe Calderón, de diciembre de 2006 a septiembre de 2011, se contabilizaron oficialmente más de 47 mil homicidios dolosos, pero organizaciones no gubernamentales han señalado que la cifra podría superar los 100 mil.
Días antes de que terminara la administración calderonista, el diarioWashington Post publicó que la PGR tiene un listado con 25 mil reportes de desaparecidos.
La violencia durante el periodo 2006-2012 aumentó el número de homicidios dolosos y evidenció la carencia de infraestructura y de peritos en diversas entidades, así como la falta de normas y procedimientos para el manejo y conservación de los restos humanos.
En Oaxaca, Guerrero y Sonora es aleatoria la toma de muestras genéticas de los cuerpos o restos humanos, y las evidencias de identidad no se confrontan con los registros que posee la PGR ni con los de la llamada Plataforma México, donde presuntamente todas las entidades han aportado la información que recaban de cada necropsia.
En contraste, Jalisco, Chihua- hua, estado de México y el Distrito Federal cuentan con bases de datos en las que existen registros fotográficos, dactiloscópicos, genéticos y descriptivos de cada una de las personas consideradas desconocidas.
En muchos casos, esas imágenes o datos de las víctimas pueden ser consultados vía Internet, y en esas entidades los servicios forenses o institutos de ciencias forenses –como también se les llama– cuentan con mecanismos para que las personas que han perdido algún familiar tengan la posibilidad de saber si se encuentra entre quienes ya han sido enviados a la fosa común o aún están en calidad de desconocidos.
Incluso, los cadáveres NN que se localizan en la zona metropolitana de Guadalajara se conservan durante 10 días o más si así lo ordena el Ministerio Público. Los restos humanos no son enviados a una fosa común, pero se creman, debido a la falta de espacio en los panteones, luego de obtener su perfil genético, fotografías, huellas dactilares y una descripción de tatuajes o marcas.
Almacenamiento de cenizas
Las cenizas son depositadas en urnas funerarias que permanecen almacenadas durante cinco años en instalaciones gubernamentales para que, en caso de ser reclamadas, sean entregados a familiares. A las urnas se les coloca un código de identificación igual al que existe en la averiguación previa y expediente forense del caso.
En contraste con el porcentaje nacional, en el cual sólo 3 por ciento de los cadáveres que inicialmente se consideran NN son identificados, en Jalisco los protocolos creados han permitido que de 2006 a 2012, de un total 2 mil 808 cuerpos de personas asesinadas que no fueron identificadas inicialmente, únicamente 25 por ciento –707– fueron cremados, y 75 por ciento –2 mil 101– se entregaron a familiares.
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