En medio de la mayor crisis de inseguridad que afronta México y en una época cuando las nuevas generaciones crecen en ambientes caracterizados por la pobreza y el miedo, las bandas del crimen organizado se dan a la tarea de reclutar a niños y jóvenes para ensanchar sus dominios en las grandes ciudades del norte de México y en estados como Morelos, Guerrero y otros ubicados en la costa del Golfo. Estos menores de edad son el relevo generacional de los cárteles, y ya en Tijuana, Mexicali, Monterrey, Saltillo, Torreón y Ciudad Juárez son el rostro más visible del ejército de personas que trabajan en las bandas del crimen organizado.
Investigaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) calculan que por lo menos 30 mil menores han sido reclutados en los últimos años en México para el tráfico de droga, la venta de piratería, la extorsión, las redes de tráfico de personas, el robo de autos o la comisión de asesinatos. El informe detalla que los menores comienzan así una carrera delictiva corta, que puede durar máximo ocho o 10 años, y que suele terminar en la cárcel o con la muerte. La investigación de la Redim encontró que niños de entre nueve y 10 años de edad comienzan siendo reclutados como informantes. Posteriormente, a los 12 años, una vez que conocen los movimientos y la estructura de las organizaciones, se les usa como vigilantes en las casas de seguridad donde mantienen a los secuestrados y, ya con más entrenamiento, entre los 14 y los 16 años, se “gradúan“ como sicarios o bien como encargados de una tiendita de droga.
En las ciudades fronterizas las pandillas son el principal semillero de los grupos de sicarios y las responsables de la venta al menudeo de droga, como sucede en Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Torreón y Saltillo. En algunas entidades como Morelos y Guerrero los menores son utilizados como matarifes (término empleado para las personas dedicadas a matar y destazar animales en los rastros), encargados de mutilar a los enemigos y otros secuestrados.
TEJIDO SOCIAL FRACTURADO
En Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche y Quintana Roo la Procuraduría General de la República (PGR) ha recibido denuncias de padres de familia, especialmente donde opera la organización de Los Zetas, que detallan que adolescentes locales son reclutados por este grupo criminal y llevados a ciudades ubicadas en el Estado de México o en el Distrito Federal para que se dediquen a la venta de artículos piratas. Datos obtenidos de la Cámara de Diputados indican que la piratería en México alcanza ganancias mayores a 75 mil millones de dólares al año, y las investigaciones de la PGR encontraron que Los Zetas controlan desde hace tres años el negocio de la venta callejera de discos, películas, videojuegos, perfumes, ropa y otras mercancías piratas en las grandes ciudades del país, implicando esto el cobro de piso, extorsiones, pago a mandos policiales e intimidaciones a vendedores que se resisten a integrarse a sus redes delictivas.
Los nuevos reclutas son incorporados a esta maquinaria tras la promesa de que luego se les darán empleos bien remunerados y mejores que los que pueden obtener en sus lugares de origen, aun y cuando hubieran terminado una carrera universitaria. José Manuel Valenzuela Arce, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, menciona que los sueldos de estos muchachos pueden llegar a alcanzar los 12 mil pesos mensuales. “La descomposición del tejido social, el incremento de la desconfianza en las instituciones y el cierre de opciones para generar proyectos viables de vida están haciendo que muchos jóvenes opten o acepten participar dentro del entramado del crimen organizado”, menciona. Para Valenzuela la participación de jóvenes en el narcomundo se debe a una estrategia de sobrevivencia, pero también a un dispositivo para alcanzar poder, solvencia y control. El investigador advierte que la impunidad y la corrupción de las autoridades y policías locales tienen mucho que ver en el problema: “Hay una fractura muy fuerte del tejido social y no son las instituciones quienes representan el orden y la honradez, por lo que muchos de los jóvenes y niños no saben quiénes son los malos y quiénes son los buenos”.
Los datos de la Redim no son nada halagüeños, pues estiman que más de mil niños, niñas y adolescentes han perdido la vida en el combate contra los cárteles. Ante la gravedad de la situación, la red sostiene que los menores involucrados en actividades ilícitas no deben ser considerados sólo como infractores de la ley, sino que de inicio hay que visualizarlos como víctimas de la explotación del crimen organizado.
Fotos de Víctor Hugo Valdivia
