martes, 26 de junio de 2012

México vive una guerra civil de baja intensidad: ‘The New Yorker’ (ARISTEGUINOTICIAS.COM).

La revista estadounidense compara la lucha de Felipe Calderón con la forma en que George W. Bush operó en Irak, después de la caída de Saddam Hussein.
La revista estadounidense ‘The New Yorker’ publica en su edición más reciente (julio de 2012), un texto llamado “The Kingping (Pez Gordo): la lucha por Guadalajara”, que retrata el trabajo de los gobiernos por descabezar a los capos de las drogas, en este caso en Jalisco, y que ha derivado en una encarnizada lucha entre los cárteles de Sinaloa y los Zetas, en el contexto de las elecciones de gobernador y a la Presidencia en México.
La revista afirma que México vive una “guerra civil de baja intensidad” cuyo campo de batalla son pueblos y ciudades con historias trágicas. El texto sobre seguridad, drogas y política, advierte sobre las acciones violentas donde los civiles también son blanco de los cárteles, como sucedió en el Casino Royal de Monterrey, o con la matanza de Boca del Río, Veracruz, o bien, tras los granadazos en Morelia, Michoacán, la noche de un 15 de septiembre, entre otros hechos.
“La parte más débil de la estrategia del ‘kingping’ es la fragmentación de los narcotraficantes en grupos más pequeños ultraviolentos y en guerra. Esta versión de policías y ladrones de la guerra contra las drogas, no puede, en ningún sentido,tomarse a la ligera. La idea de un estado unificado que frenéticamente persigue a los chicos malos es pura ‘pantalla’”, publica ‘The New Yorker’.
“Calderon ha seguido la estrategia del “kingping” como las cartas que Estados Unidos usó en el Irak después de Saddam”.
Los escapes del ‘Chapo’
El autor del texto de ‘The New Yorker’, William Finnegan, publica este amplio reportaje realizado en la zona de Guadalajara, donde el centro de atención es la lucha contra la delincuencia del presidente Felipe Calderón, y su intención de atrapar al ‘Pez Gordo’ que controla esa plaza, llamado el ‘Chapo´ Guzmán, el “narcotraficante más poderoso del mundo”. Pero, añade, la zona está caliente “y los Zetas quieren entrar”.
Finnegan duda de la forma en que tanto PGR y Ejército informan de los hallazgos de narcolaboratorios en Jalisco y los números reales de los decomisos que ponen en tela de juicio a dichas instituciones.
El texto también relata cómo se escapó Guzmán Loera de la cárcel de Puente Gande y cómo recientemente en Cabo San Lucas tampoco pudo ser detenido por la Policía Federal.
A continuación algunos fragmentos de la traducción del texto de 12 páginas de la prestigiada revista
“(…)Dos días antes de que abriera la feria (Internacional del Libro en Guadalajara) 26 cuerpos fueron tirados bajo los Arcos del Milenio, un monumento ubicado en el centro de la ciudad. Cerca de los cuerpos, que mostraban marcas de tortura, había un mensaje –conocido como ‘narcomanta’— firmado por Los Zetas, el grupo del crimen organizado más temido en México. El mensaje se burlaba del Cártel de Sinaloa. (…)’Estamos en Jalisco y no nos vamos a ir’, anunciaron los Zetas: ‘Esto es la prueba de que estamos metidos hasta la cocina’”.
“(…)En México, generalmente es imposible saber quién está detrás de algo –una masacre, una candidatura, un asesinato, la captura de un jefe criminal, un ‘descubrimiento’ de corrupción de alto nivel. En cualquiera de los casos la verdad es fluida y compleja para ser definida o se mantiene en la oscuridad para cualquiera que no está directamente involucrado en manipular hechos. Esto explica por qué una ciudad (Guadalajara) que se entiende está ampliamente controlada por un grupo criminal de corte internacional (el ‘Chapo’ Guzmán’) puede ser considerada a si misma como refugio de la cultura y viabilidad comercial”.

“(…) Los seis años de Felipe Calderón están por terminar y esta elección puede verse con justa razón como un referéndum de su ofensiva militar contra la delincuencia organizada, que ha costado la vida a aproximadamente 50 mil personas y que ha dejado el país psicológicamente maltratado. El Partido Acción Nacional (PAN) de Calderón está muy atrás en las encuestas. Su candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, realiza su campaña con el ‘slogan’ de ‘’Josefina Diferente’ esperando distanciarse de Calderón, pero ella trabajó en su gabinete y sus propuestas para recuperar la seguridad no son notablemente diferentes de las actuales
“La plataforma de seguridad de Peña Nieto tampoco es especial. Él eventualmente regresará al Ejército a sus cuarteles y, como lo hace cualquier presidente electo, renovará la policía (…) Haber quitado el corrupto y autoritario PRI en el 2000, fue un gran momento para la democracia en América Latina. Ahora parece que los votantes mexicanos están preparados para traer de nuevo al Partido”.
“Calderón inició su asalto militar contra los cárteles inmediatamente después de que inició su gobierno, en diciembre del 2006. Él había ganado por muy poco la elección en ese año y López Obrador, en una reacción arrogante, no aceptó el triunfo; mucha gente consideró que Calderón inició ‘su guerra’ en lugar de darle vuelta a la página –para tratar de consolidar su legitimidad en su despacho. Un funcionario panista de carrera (su padre cofundó el PAN), Calderón no es un personaje particularmente colorido o convincente y su repentina adopción del rol de líder en tiempos de guerra fue visto por críticos como abrumador. Una vez que se consolidó, regularmente fue acusado de ser ‘dócil’ con el Cartel de Sinaloa. Una estrategia anti crimen sin ganancia es entendiblemente la visión general de México: cualquier ataque del gobierno a un cártel debe ser a petición de sus rivales.”
“(…) La parte más débil de la estrategia del “kingpin” es la fragmentación de los narcotraficantes en grupos más pequeñas ultraviolentos y en guerra. Esta versión de policías y ladrones de la guerra contra las drogas, no puede, en ningún sentido, puede tomarse a la ligera. La idea de un estado unificado que frenéticamente persigue a los chicos malos es pura ‘pantalla’.
“(…)El hecho de que la libertad de Guzmán Loera ha ido avergonzando al Presidente de México por años refleja un cambio en los poderes fundamentales entre el estado mexicano panista y el crimen organizado. Antes del 2000, los grupos del crimen organizado prosperaban, pero el gobierno federal controlaba. Había líneas bien entendidas que los cárteles no podían cruzar”.
“(…) Nadie cree que el gobierno está ejerciendo su autoridad hoy en México. No está claro si quiera que el capturar o matar al ‘Chapo’ Guzmán traería a la administración de Calderón una inesperada ganancia de popularidad, por no hablar de que ayude al PAN recuperar el terreno que necesita para ganar la inminente elección presidencial. En Guadalajara, el pasado mes de marzo se produjo un ataque a gran escala del Ejército, con helicópteros, cerca del centro de la ciudad. Los militares trataron de sellar la zona habitada. Los narcos respondieron con el secuestro de veinticinco camiones y autobuses municipales, es prendieron fuego, y bloquearon las principales avenidas de la ciudad.
“El Ejército, cada vez más reservado y desconfiado, con justa razón, de gobierno estatales, no informó de sus planes ni al gobernador, ni al alcalde, ni a la Policía Estatal, ni la Policía Municipal, ni de la Policía Federal de sus planes. Los tapatíos tuvieron que permanecer escondidos en sus casas y lugares de trabajo, llamando y enviando correos electrónicos unos a otros, esperando en vano por información por parte del gobierno mientras veían como el cielo se llenaba de humo y de sirenas.
“Un joven que conocí pasó la tarde viendo las noticias en televisión sobre los narco bloqueos. Uno de sus grandes temores de ese día, dijo, era que el Ejército podría matar o capturar a el ‘Chapo ‘Guzmán. Eran habitantes de clase media de Guadalajara dolorosamente conscientes de lo que está haciendo el crimen organizado en México –no son fans del ‘Chapo’ en ningún sentido— pero temen que, si Guzmán Loera ya es líder del Cártel de Sinaloa, se desatará un infierno en esa entidad. Esta es una opinión generalizada, basada en la ardua experiencia vivida y consecuencia e la estrategia del “kingping” de Calderón”.
“(…) La utilización de Calderón del Ejército Mexicano, primero justificada relativamente por una buena reputación, sólo la ha ensuciado, dado que los soldados han cometido un creciente número de crímenes contra civiles y no ha podido resistir a la tentación del dinero”.
“(…)El candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, el popular ex jefe de gobierno de ciudad de México, que estuvo cerca de ganar la Presidencia en 2006, este año se ha movido (ideológicamente) hacia el centro, dejando a un lado su retórica de confrontación”.

Mueren tres policías federales durante balacera en el AICMSe enfrentan en la Terminal 2 con agentes de la misma corporación, señala la SSP (Lajornada.com)

Periódico La Jornada
Martes 26 de junio de 2012, p. 3
Tres policías federales antinarcóticos, quienes realizaban un operativo en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), murieron este lunes tras enfrentarse a balazos con un grupo de agentes de esa corporación asignados a la vigilancia de la terminal aérea.
Hasta el momento, la acción investigadora de los agentes ha generado más dudas que respuestas. Según versiones de testigos, así como la información proporcionada por fuentes gubernamentales, policiacas y funcionarios del aeropuerto, los hechos ocurrieron a las 8:45 de la mañana en el área de comida rápida de la Terminal 2.
Horas después, en un escueto y confuso comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal informó: “Esta mañana, elementos de la Policía Federal (PF), quienes realizaban trabajos de investigación, se trasladaron para realizar el aseguramiento de probables responsables vinculados con el delito de tráfico de drogas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; al verse rodeados se realizaron disparos con arma de fuego contra los efectivos federales”.
Tiro de gracia
Información proporcionada a este diario por las fuentes gubernamentales consultadas refiere que a las 8:50 horas hombres uniformados como policías federales dispararon contra tres agentes de esa corporación; mataron a dos e hirieron a un tercero, que poco después falleció en un nosocomio.
Varios testigos aseguraron que uno de los policías asesinados recibió al menos cinco impactos y uno fue en la cabeza.
Al parecer, dijeron las fuentes, un grupo de agentes federales que custodian el AICM permitían cotidianamente el ingreso de pasajeros con droga y con cantidades de dinero superiores a los 10 mil dólares que permiten las leyes migratorias.
De su lado, la delegación metropolitana de la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación previa para dar con el paradero de los agresores que se enfrentaron con los elementos de la Policía Federal. Desde el mediodía, autoridades del aeropuerto capitalino entregaron a la PGR los videos de las cámaras de seguridad.
De acuerdo con algunos testigos –quienes narraron en redes sociales lo sucedido–, los uniformados que resultaron muertos llegaron hasta la zona de comida rápida de la Terminal 2, donde un policía y dos hombres vestidos de civil estaban en una de las mesas. Uno de los elementos se acercó al grupo que estaba sentado y cuando apenas iniciaba un intercambio de palabras uno de ellos se levantó rápidamente para disparar su arma.
En cuestión de segundos, dicen los testigos, las otras dos personas que estaban en la mesa sacaron armas y dispararon a quienes venían atrás del primer oficial, sin darles tiempo de defenderse. Vimos cómo dos hombres le dispararon a uno; cuando cayó al piso lo remataron y se fueron corriendo hacia el estacionamiento. Yo a todos les vi uniformes de la Policía Federal. Los que lograron huir y los que murieron, todos iban vestidos con el uniforme azul de los federales, según uno de los relatos.
José Ramón Salinas, vocero de la SSP y único funcionario federal que concedió entrevistas sobre esos hechos, informó por la tarde, durante una entrevista radiofónica, que ya se tenía identificados a dos de los probables responsables del asesinato de tres agentes federales en la Terminal 2, pero declinó precisar si los sospechosos pertenecían a la PF y dijo que ya había unidades de la corporación abocadas a su búsqueda.
Se ve y se identifica en una de las cámaras a dos de ellos que salen corriendo justamente del lugar donde fueron los hechos, y se aprecian sus rostros y su actitud en el momento en que ocurre la situación, dijo.
El vocero de la dependencia afirmó que la balacera se desató debido a que elementos de la PF pretendían detener a una red de narcotraficantes en el aeropuerto capitalino. Lo que ocurrió es que estos elementos de investigación intentaron capturar en flagrancia a presuntos narcotraficantes, cuando fueron agredidos por disparos de arma de fuego. La acción de hoy (ayer) forma parte de esta investigación que les comento sobre el trasiego de droga que se realiza en el aeropuerto y, bueno, estas investigaciones giran y llevan a intentar detener a los probables responsables cuando en este intercambio de disparos lamentablemente tres de nuestros elementos pierden la vida, indicó.
Mientras tanto, funcionarios de la terminal aérea informaron haber entregado los videos de las cámaras de seguridad y aseguraron que los hechos no alteraron las operaciones e itinerarios de los aerolíneas.
Durante ayer lunes, elementos de la Policía Federal realizaron tanto en las instalaciones de la Terminal 2 como en Zacatecas y Guanajuato cateos en casas de cambio de la empresa Prodira, como parte de una indagatoria que realiza la PGR en contra de los dueños de las mismas.
Por la noche, la SSP federal precisó que los cateos no corresponden a las investigaciones abiertas para dar con el paradero de los responsables del asesinato de tres elementos de la PF.
Finalmente, al dar a conocer una versión más detallada del enfrentamiento, la SSP confirmó que fueron policías federales quienes ejecutaron a sus compañeros e informó que “las líneas de investigación generadas a través de estos meses y derivado de los recientes aseguramientos de cocaína, permitieron ubicar una red de funcionarios de diversas dependencias locales y federales, adscritas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y presuntamente involucrados con el tráfico de drogas en esta terminal”.
Agregó que a partir de esa investigación se implementó el operativo de este lunes para la captura en flagrancia de dos elementos de la Policía Federal sujetos a investigación, adscritos al AICM y vinculados con las actividades de la red de tráfico de droga. Los dos elementos investigados, al verse descubiertos por la Unidad de Investigación de la Policía Federal, realizaron disparos para evitar su captura, con lo que privaron de la vida a tres agentes federales.
(Con información de José Antonio Román)


Detención de Félix Beltrán, “oso” de México y EU: analistas en MVS (ARISTEGUINOTICIAS.COM).

La confusión de la Semar al detener a Félix Beltrán e identificarlo como hijo del 'Chapo' Guzmán es responsabilidad del gobierno mexicano, advierte Sergio Aguayo; pero la DEA es quien entrega información sobre cárteles, dijo Lorenzo Meyer
La detención errónea de Félix Beltrán León, a quien la Marina confundió con Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, es responsabilidad del gobierno mexicano, sin embargo, no se debe perder de vista que quien entrega la información para este tipo de detenciones es la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), señalaron los analistas de la mesa política de Noticias MVS primera emisión.El historiador Lorenzo Meyer cuestionó el papel de las fuerzas militares mexicanas en este caso, donde utilizaron la inteligencia federal para una detención que resultó equivocada, “nos dijo la Armada que habían estado meses en inteligencia naval, pues ¿qué inteligencia tienen? Wikileaks dijo que la Armada eran los adecuados, no el Ejército, y el oso que están haciendo ahorita los de la Armada es una jugada a varias bandas, aquí va a quedar mal varias cosas, pero debemos poner el énfasis en la DEA“, puntualizó Meyer.
Por su parte, el columnista Sergio Aguayo indicó que quien debe responder por esta confusión es la autoridad mexicana, y agregó que la presentación de Félix y Kevin Beltrán ante los medios responde a una urgencia del gobierno de Felipe Calderón por “presumir un éxito de ese tamaño antes de la elección” del próximo 1 de julio.
Meyer cuestionó cuántas detenciones se habrán dado en el pasado, en las que la sociedad no alcanzó a enterarse de las equivocaciones del gobierno, “el punto es hasta qué grado hemos estado viendo invenciones, montajes, la mayoría no lo son pero si se echan este sainete, ¿cuántos no habrá habido antes? Tenemos la obligación de dudar lo que nos digan hasta que no lo prueben, esto nos lleva a que en esta guerra todo se vale, incluso crear personajes”, advirtió el historiador.
México, ¿en la ruta de la colombianización?
La politóloga Denise Dresser advirtió sobre la posibilidad de que México siga la ruta de Colombia en el combate al narcotráfico, en caso de que la actual estrategia se mantenga en el próximo sexenio.
“Hay una enorme suspicacia con respecto a qué politica antidrogas seguiría el próximo gobierno, por eso lo de Óscar Naranjo es tan importante para Peña Nieto, es una forma de legitimarse ante EstadosUnidos y sugerir que México va a seguir la ruta de la colombianización, lo cual entrañaría no sólo asesoría militar colombiana, sino también asesoría militar estadunidense, porque la ruta colombiana se trazó en función del Plan Colombia, que entrañaba una presencia e involucramiento muy importante por parte de Estados Unidos”, explicó Dresser.
“Tiene mucho sentido copiar a Colombia, ¿en que copiamos? ¿En que manden la misma cantidad de droga y demostrar que son eficaces?”, cuestionó al respecto Lorenzo Meyer.
Por su parte, Sergio Aguayo precisó que para adoptar medidas de seguridad aplicadas en otros países primero hay que considerar el contexto para hacerlo bajo un enfoque diferente, pues México, al tener una frontera común con Estados Unidos, debe considerar este factor al delinear cualquier estrategia de gobierno.
“El factor externo en México es más importante y bastante más complicado, porque Colombia produce y México además es la vía de tránsito de drogas, y somos un corredor terrestre. El reto para los próximos años es gigantesco, y hay que incorporar la experiencia de Colombia, recordando que la geopolítica condiciona no sólo la historia sino la respuesta a los grandes retos”, puntualizó Aguayo.

miércoles, 13 de junio de 2012

Los niños invisibles de México.(Reporte Indigo: 13/06/2012)

Más de 40 mil menores de edad han quedado en la orfandad y mil 600 han muerto en medio de la guerra contra el narco
 
¿Existe la justicia? ¿Para qué sirve la Corte Penal Internacional? Casos como el de Joseph Kony nos lo explican muy bien, pues permiten vislumbrar un futuro más sensato. Kony es el dirigente número uno del grupo guerrillero paramilitar conocido como Ejército de Resistencia del Señor (Lord’s Resistance Army) LRA, por sus siglas en inglés, en Uganda.
El LRA es acusado de raptar niños para usarlos como soldados o esclavos sexuales. Los niños son obligados a luchar en el ejército, en ocasiones se les exige matar a sus padres y muchas veces son mutilados y asesinados.
Según información de un cable extraído de WikiLeaks, enviado por el embajador de Estados Unidos en Uganda –Jerry Lainer- el pasado 19 de octubre de 2009, el LRA ha reclutado alrededor de 20 mil niños, secuestrado a más de 40 mil y se han desplazado casi dos millones de personas en busca de no ser asesinadas.
Por ello, la Corte Penal Internacional (CPI) puso a Kony como el número uno en su lista de investigación. En julio de 2005 la CPI giró órdenes de detención en su contra. Se tratan de las primeras órdenes emitidas por el Tribunal Internacional desde que se fundó. A mediados de 2006 la Interpol emitió a 184 países fichas para capturarlo.
Han pasado ya siete años y Kony goza de libertad y con ello, un sin número de niños en África Central, principalmente, siguen padeciendo su barbarie.
Sin embargo, después de años de implicación, un grupo de jóvenes estadounidenses se dieron a la tarea de dar a conocer lo que sucede en África y quién es Joseph Kony. 
Bajo esa idea realizaron el documental Invisibe Children (Niños invisibles) presentado a través de Internet y las redes sociales.
La ideología planteada en el documental realizado por Jason Russell, Bobby Bailey y Laren Poole, que describe la participación forzada de niños en la guerra entre el gobierno de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor no se aleja mucho del modelo adoptado y desarrollado por el Tribunal Penal Internacional: hay que proteger a todos, porque sólo así me protegeré yo mismo.
Parte del esfuerzo y trabajo desarrollado para hacer valer la justicia, por castigar crímenes de guerra y de lesa humanidad, a través de la captura de Joseph Kony, ha sido conocido por personas de todos los países del mundo.
Una vez más, la redes sociales y el Internet han servido como las mejores armas quetenemos de nuestro lado. Es claro que estamos cansados.
Es claro que existe una nueva generación que no solo espera un cambio, sino que se ha dado cuenta que es posible hacer algo y lo hace.
Esta generación tiene una ventaja: puede ver a través de los ojos de otros. Las cámaras, los celulares, Facebook, YouTube son extensiones de su cuerpo que les permiten enterarse y contar historias.
Como nos dijo el Fiscal Luis Moreno Ocampo: “que un video de 28 minutos sobre crímenes de guerra sea visto por más de 100 millones de personas en seis días, venciendo a Lady Gaga que tardó 18 días, demuestra que hay un mundo diferente”.
El documental Invisible Children y la corporación que se ha creado en su nombre, busca hacer “famoso” a Kony. 
Existen muchas críticas y dudas respecto a esta organización, lo cierto es que los niños necesitan ayuda. Un grupo de 20 artistas apoya la causa, un grupo de 10 políticos busca su detención.
Pero aquí en México, ¿qué sucede con nuestros niños invisibles? ¿A quién se va ajuzgar y castigar en su nombre? Sin duda, los jóvenes mexicanos también han despertado. Por lo pronto, las campañas presidenciales lo han absorbido todo. Pero nuestros muertos y desaparecidos siguen allí. Para ellos, el tiempo no existe.
Tras casi seis años de lucha contra el narcotráfico hay más de 71 mil muertos a causa de la lucha contra el narco según la investigación presentada por el Semanario Zeta, de los cuales 43 por ciento no tiene rostro, porque no se sabe quiénes son. 
En el sexenio encabezado por Felipe Calderón han muerto más de mil 600 menores de edad y más de 40 mil niños han quedado huérfanos a causa de la guerra que ha sido propuesta y liderada por el presidente como la estrategia a seguir.
Ellos son nuestros invisible children (niños invisibles). ¿Qué estamos esperando para hacer algo por ellos? ¿Dónde se encuentran, dónde viven, quién los ayuda? Quizá sea momento de escuchar a la Corte Penal Internacional cuando nos dice que hay que proteger a todos, porque sólo así nos protegemos nosotros mismos. Sería una pena darnos cuenta de su existencia cuando ya sean ellos los criminales, a causa de no haber querido hacerles justicia.

miércoles, 6 de junio de 2012

"Sabritas, represalia del narco contra EU" (Revista Proceso 31 de mayo de 2012)



MÉXICO, D.F. (apro).- El ataque de Los Caballeros Templarios a la empresa Sabritas en Michoacán y Guanajuato es la primera acción hostil de una organización de la delincuencia organizada en contra de intereses económicos de Estados Unidos en México.
En el ambiente de confrontación armada creado por el gobierno de Felipe Calderón, la decisión del cártel, planeada y ejecutada en forma simultánea, fue una típica acción de represalia por considerar que la empresa, filial de la transnacional estadunidense Pepsico, ha sido colaboradora de su declarado enemigo.
Desde que el sábado 26 de mayo se conocieron los ataques, había quedado claro el mensaje no sólo para Sabritas, sino para otras empresas que desde hace tiempo han sido acusadas de poner su infraestructura al servicio del gobierno de Calderón.
A partir de que en enero de 2007 el gobierno federal llevó su guerra a Michoacán, en varias comunidades del estado era un secreto a voces que empresas que habían estado ligadas al triunfo de Calderón estaban sirviendo de parapeto para labores de inteligencia y aún operativas en contra de La Familia Michoacana, el antecedente inmediato de Los Caballeros Templarios.
La reivindicación del ataque por parte de Los Caballeros… y su advertencia de que harán lo mismo con otras firmas echó abajo la falacia de la extorsión con la que las autoridades pretendieron justificar el ataque.
No es tampoco un hecho aislado, como salió al paso el secretario de Economía, Bruno Ferrari. Es un escalamiento en la ya de por sí grave amenaza para la seguridad y estabilidad del país.
La reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos fue algo más que una condena. El ataque a sus intereses económicos era ya un escenario previsto. Funcionarios civiles y militares ya habían advertido que la violencia en México podía alcanzar en cualquier momento a los intereses de ese país en nuestro territorio, e incluso dentro de sus propias fronteras.
En octubre de 2008 se registró el primer ataque contra objetivos “duros” de Estados Unidos en México en el contexto de la “guerra a las drogas” declarada por Calderón, en la que ha ido de la mano del gobierno estadunidense a través de la Iniciativa Mérida. Fue un ataque con granada al consulado de ese país en Monterrey, Nuevo León.
En abril de 2010 hubo un segundo ataque contra oficinas consulares estadunidenses. Ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con explosivos caseros.
En marzo de ese mismo año, fueron ejecutadas tres personas “vinculadas” al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Hace más de un año, en febrero de 2011, fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí el agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Jaime Zapata cuando sicarios de Los Zetas lo confundieron como miembro de una organización rival, según la versión oficial.
Pero esta vez fue un ataque contra un “blanco suave” de Estados Unidos en México: Pepsico, dueña de Sabritas, tiene sus oficinas corporativas en Nueva York y es una las multinacionales más importantes del mundo. Tan sólo en México tiene más de 70 mil empleados.
El potencial de esos ataques por parte de la delincuencia organizada es enorme. De acuerdo con el propio Departamento de Estado, que tiene en México al mayor número de empleados destacado fuera de Estados Unidos, más de un millón de estadunidenses vive en México y más de 10 millones visitan cada año el país.
Pero sobre todo, más de 18 mil compañías con inversión estadunidense operan en México, las que tienen invertidos más de cien mil millones de dólares en el país.
Entre los analistas de seguridad estadunidenses prevalece la idea de que los grupos de delincuencia organizada difícilmente se querrán enfrentar a Estados Unidos, conscientes de que se desataría una cacería en su contra.
Pero lo ocurrido con Sabritas rompe esa regla y alienta a quienes desde hace tiempo proponen una todavía mayor intervención de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en México y darle a las organizaciones de delincuencia organizada el tratamiento de una guerrilla insurgente. Ello implicaría tener a las Fuerzas Armadas en una “guerra de baja intensidad” contra los narcotraficantes y sus redes de apoyo social.
Michoacán fue el escenario también del primer ataque terrorista del narcotráfico contra población civil. Si Estados Unidos incluye a los narcotraficantes mexicanos en su lista de terroristas, entonces sí tendríamos lo que muchos militares conservadores de ese país han propuesto: trasladar los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos de Irak y Afganistán a México.
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx

El Sexenio de las 71 mil ejecuciones (reporteindigo.com:06/06/2012)

Una investigación realizada por el semanario Zeta revela que los asesinatos del crimen organizado pasaron de 2 mil 826 en 2007, a 24 mil 068 en 2011.
Baleados, decapitados, colgados, desmembrados, encajuelados, con tiro de gracia, con narcomensajes, incinerados, deshechos en ácido y desenterrados de narcofosas aparecen todos los días en las 32 entidades federativas. Son ejecutados con las características propias del narcotráfico y el crimen organizado.
En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, 71 mil personas han perdido la vida en condiciones de violencia producto de la inseguridad provocada por los cárteles de la droga.
Usando como metodología la consulta de tarjetas informativas de las procuradurías estatales y la federal, de las policías estatales y municipales, y del Sistema Nacional de Información, además de los registros hemerográficos de los estados y las estadísticas de  Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del país, Zeta llegó a la conclusión de que, en cinco años y medio de la administración del presidente Felipe Calderón, han ocurrido 71 mil 804 ejecuciones relacionadas con los grupos criminales que se disputan el territorio mexicano para el trasiego y venta de droga.
La cifra incluye lo que el gobierno calderonista clasifica como “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”.
En total, 71 mil 804 crímenes del primero de enero de 2007 al 30 de abril de 2012. La cifra representa 80.5 por ciento de los 89 mil 114 homicidios dolosos que reporta el Sistema Nacional de Información en ese lapso.
Hay que recordar que el 12 de enero de 2011, cuando Alejandro Poiré informó que durante 2010 hubo 15 mil 273 asesinatos vinculados con el crimen organizado –de un total de 20 mil 127 homicidios dolosos reportados por la Secretaría de Seguridad Pública federal–, el funcionario federal reconoció tácitamente que 75.88 por ciento de los casos correspondían a crímenes relacionados con el narcotráfico.
Ésos son los muertos oficiales. Lamentablemente, las autoridades estatales y federales prefieren ocultar la cifra real.
Los muertos que le estorban al presidente
En los últimos días, el presidente Calderón ha dado la batalla para que la siguiente administración continúe aplicando su estrategia para combatir a los cárteles de la droga y la inseguridad. Ha insistido en que recurrir al Ejército Mexicano fue la estrategia tangible e inmediata, y que no se arrepiente de las medidas tomadas.
De lo que no habla el mandatario es de las bajas. De los ejecutados, que contabilizados por estado suman más de 71 mil.
Presionado por los medios de comunicación, el gobierno de Calderón, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), tuvo que reconocer de manera “preliminar” 47 mil 515 ejecuciones hasta el 10 de enero de 2012.
Pero esas cifras “preliminares” son del cierre de septiembre de 2011. De hecho, las estadísticas del Sistema Nacional de Información correspondientes a 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 tienen la leyenda “preliminar”.
Lo cierto es que, entre tantos muertos, ya no les salen las cuentas. No se ponen de acuerdo. Ni el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del gobierno federal, ni el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Tampoco las procuradurías estatales son consistentes en cuanto a la cantidad de homicidios dolosos cometidos en México durante el sexenio calderonista.
Por citar un ejemplo, el Sistema Nacional de Información reconoce 60 mil 148 homicidios dolosos ocurridos entre 2007 y 2010, mientras que en ese mismo lapso, el INEGI reporta 70 mil 968 homicidios dolosos. Haciendo cuentas, la parte administrativa de la seguridad desconoce 10 mil 820 homicidios dolosos en el periodo citado.
“Una vez más nos revelan el gran desorden que traen, se refleja esta gran desorganización que hay en los datos. Por eso también la ciudadanía cada vez tiene menos confianza en los datos que nos da el Sistema Nacional de Información, pero siempre van a la baja sus números. La Secretaría de Seguridad Pública menciona 60 mil, y el INEGI menciona 70 mil.
“Estamos en una situación donde ya no les podemos creer nada porque no hay un profesionalismo, no contamos con hombres con ética, y definitivamente lo que nos está pasando es que estamos viendo cada vez más muertes, cada vez más violencia, y no vemos ni un ápice de que haya una seriedad en el trabajo que realizan de transparencia”, explica a Zeta la hermana Consuelo Morales Elizondo, directora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (www.cadhac.org) en Monterrey, Nuevo León.
Otro ejemplo de cómo el gobierno federal está siendo rebasado en el registro de las ejecuciones, es que mientras las procuradurías y fiscalías estatales reportan unas cantidades, el Sistema Nacional de Información da otras, que son más bajas, por supuesto.
Por ejemplo, el 28 de noviembre de 2011, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua reportó oficialmente 16 mil 456 homicidios dolosos ocurridos del primero de enero de 2008 al 31 de octubre de 2011. Por su parte, el Sistema Nacional de Información da cuenta oficialmente de 11 mil 588 en el mismo lapso. Existe una diferencia de 4 mil 868 homicidios dolosos no reportados por el Sistema Nacional de Información.
Es más, el 11 de marzo de 2012, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que hubo 4 mil 14 homicidios dolosos en 2011. En cambio, el Sistema Nacional de Información registró 3 mil 39. Esto quiere decir que, nada más en el estado de Chihuahua, el Sistema Nacional de Información no reportó 975 víctimas mortales.
A pesar del discurso triunfalista, tanto del gobierno federal como del estatal, sobre el éxito del Operativo Conjunto Chihuahua, lo cierto es que sigue siendo la entidad más sangrienta durante la administración de Felipe Calderón.
109 mil cadáveres ‘Sin Datos’ y ‘Otros’
El gobierno del presidente Felipe Calderón y las administraciones estatales fueron rebasados, no solo en el registro cuantitativo de ejecuciones, sino también en la identificación de cadáveres.
De las 71 mil 804 ejecuciones documentadas por Zeta durante cinco años y medio, clasificadas por el Sistema Nacional de Información como homicidios dolosos cometidos “Por Arma de Fuego”, “Por Arma Blanca”, “Sin Datos” y “Otros”, 30 mil 957 corresponden a los rubros “Sin Datos” y “Otros”. Es decir, no se conoce la identidad de 43 por ciento de las víctimas.
Los homicidios “Sin Datos” y “Otros” no pertenecen únicamente al rubro de dolosos. El gobierno de Calderón también los ubica entre los homicidios culposos.
Resulta que en el actual sexenio federal, 78 mil 185 cadáveres fueron arrojados al rubro de homicidios culposos “Sin Datos” y “Otros”.
En pocas palabras, 109 mil 142 homicidios dolosos y culposos han sido clasificados por el gobierno federal como “Sin Datos” y “Otros”.
Ante la gravedad de estos hechos, la hermana Consuelo Morales explica a Zeta:
“Es una situación muy dolorosa. Estamos viviendo un grave retroceso a pesar de que el año pasado constitucionalmente se aprueba la reforma constitucional de Derechos Humanos en junio de 2011. La verdad es que, en la práctica, esto no se ha venido reflejando en lo más mínimo.
“Cuando nos están hablando de 109 mil homicidios nos dejan perplejos, pero, por otro lado, nos deja en una situación en que seguramente son muchísimos más, porque tenemos mucha gente desaparecida que no sabemos dónde está, que no sabemos si ya la mataron o no, si fue la delincuencia organizada o con la complicidad de las mismas autoridades.
“La decisión del señor Calderón de cambiar la estrategia que tenía en su campaña, de haber dicho que iba a ser ‘el presidente del empleo’ por un presidente que nos quiso dar la seguridad, pues nos metió en una tendencia abismal donde vamos cayendo rápidamente en situaciones de mayor inseguridad.
“Hay un verdadero retroceso en el cumplimiento, en la concreción del respeto a los derechos humanos de la ciudadanía”.
Edgardo Buscaglia, catedrático e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad de Columbia, también opinó sobre este tema.
“Es un síntoma de debilidad de Estado. Es un síntoma de que el Estado no tiene capacidad de investigar, acusar, procesar homicidios. Es el tipo de indicadores que yo veo en Afganistán, que veo en el norte de Pakistán, veo a veces en Sudán, en la zona limítrofe entre Sudán del sur y Sudán. Es un símbolo de Estado débil. Homicidios ‘Sin Datos’ es un nivel que se observa en estados del sub-Sahara, en los países más pobres de Asia. Es realmente una vergüenza”.
Los más sangrientos
Las 71 mil 804 ejecuciones ocurridas en el sexenio de Felipe Calderón y vinculadas con el crimen organizado han sucedido en estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el Partido Acción Nacional (PAN) y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Chihuahua, que es gobernado por el PRI, concentra 21.6 por ciento de los homicidios con 15 mil 513 víctimas.
Sinaloa, también con gobierno tricolor, tiene 7 mil 221 ejecuciones. Guerrero, con 6 mil 106 casos, es gobernado por el PAN y el PRD. Baja California, con 4 mil 210 víctimas, tiene administración panista. Y el Estado de México, con 3 mil 894, tiene gobernador del PRI.
Precisamente esas entidades son disputadas por el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. El primero comandado por la mancuerna de Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada; el segundo por Heriberto Lazcano y Miguel Treviño Morales.
Estas dos organizaciones criminales no han sido desmanteladas por el gobierno de Felipe Calderón. En cambio, la actual administración federal sí ha actuado contra otras estructuras delincuenciales que han sido mermadas con aprehensiones, como el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, La Familia y el Cártel de los Arellano Félix (CAF).
Desprecio por las víctimas de la guerra de Calderón
El gobierno federal también se ha caracterizado por minimizar las muertes de civiles. Los llama “daños colaterales”. Son niños, estudiantes, empresarios, periodistas, amas de casa, activistas sociales.
“(El) 90 por ciento de bajas está en la delincuencia organizada. Solo un 10 por ciento de esas bajas son de las instituciones y de blancos civiles”, informó la Secretaría de Gobernación en abril de 2010. Esa ha sido la postura del gobierno calderonista.
De las 71 mil 804 muertes registradas por Zeta, el 10 por ciento de “blancos civiles” serían 7 mil 804 personas. Pero no hay autoridad estatal ni federal que informe sobre la cantidad real de víctimas civiles en el sexenio que agoniza.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dirige Raúl Plascencia, informó el 26 de enero de 2011 que, en 2010, murieron 111 personas en medio de la guerra del presidente Calderón.
Un año después, el 25 de enero de 2012, la CNDH informó que 43 civiles fallecieron en 2011 durante enfrentamientos entre grupos delincuenciales y fuerzas de seguridad.
De acuerdo con este organismo, 5 mil 397 personas han sido reportadas como extraviadas en la administración calderonista, y 8 mil 898 cadáveres no han sido identificados.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) documentó 12 mil niños huérfanos por la violencia en Ciudad Juárez. Además, 120 mil personas fueron desplazadas por la violencia según información de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Y más de 40 mil mexicanos han pedido asilo político, indican los reportes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Más muertos que averiguaciones
Por Adela Navarro Bello y Enrique Mendoza
Ante la gravedad de que el gobierno federal reporte 10 mil 820 homicidios dolosos menos que el INEGI, sucedidos entre 2007 y 2010. Ante los 4 mil 868 homicidios dolosos no reportados por el Secretariado Ejecutivo y ocurridos en Chihuahua entre el primero de enero de 2008 y el 31 de octubre de 2011, así como los 109 mil 142 homicidios dolosos y culposos registrados por la administración calderonista como “Sin Datos” y “Otros”, se buscó la versión oficial de la administración federal.
A continuación, las respuestas de Óscar Vega, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a las preguntas de Zeta.
El Secretariado tiene registrados 88 mil 367 homicidios dolosos del primero de diciembre de 2006 al 31 de marzo de 2012, ¿qué porcentaje corresponde al crimen organizado?
No lo tengo completo. Se me hizo un corte a –si mal no recuerdo– septiembre del año pasado que hizo público la PGR. Y de septiembre para acá todavía no tengo yo en mi poder por lo menos las cifras que los grupos internos, tanto de las autoridades estatales como del gobierno federal, van registrando de cada caso, cuál es derivado de enfrentamiento al crimen organizado o no. Yo, como Secretariado del Ejecutivo, solamente llevo el conteo de las denuncias de homicidio doloso, pero no tengo el desglose.
¿Y, usted, cuándo va a hacer la actualización?
El Secretariado no actualiza esa información. El Secretariado solamente tiene la estadística de homicidio doloso.
¿Y cuál es su estadística de homicidio doloso en lo que va de 2012?
Tengo enero: mil 647 casos; febrero: mil 619, y marzo: mil 732.
El Secretariado registró entre 2007 y 2010, 60 mil 148 homicidios dolosos, mientras que el INEGI, en ese mismo lapso, reportó 70 mil 968. Hay una diferencia de 10 mil 820 homicidios dolosos no registrados por el Secretariado. ¿A qué se debe la diferencia? ¿No se registra la totalidad de los homicidios dolosos, o el INEGI reporta de más?
Nosotros registramos el 100 por ciento de los homicidios dolosos que nos reportan las entidades federativas. La obligación que tenemos nosotros es recibir los informes de las entidades federativas y ponerlos a disposición de la sociedad en nuestro sistema de información.
¿Por qué el INEGI sobrepasa la cantidad del Secretariado si son más de 10 mil homicidios dolosos nada más entre 2007 y 2010 no reportados por el Sistema Nacional de Información?
¿No hay coordinación con el INEGI? ¿Sabe cuál es la fórmula o de dónde obtienen su información?
En cuanto a las diferencias entre las fuentes, el formato CIEISP (Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública), que se ha utilizado para compilar una estadística de incidencia delictiva desde 1997, no recopila el número de víctimas, sino el número de denuncias que se convierten en averiguación previa, a fin de aproximar tanto la incidencia denunciada en la entidad, como el nivel de actividad en materia de procuración de justicia.
Algunas averiguaciones previas refieren a más de una víctima en un solo evento, por lo que es de esperarse que en algunos estados, como Chihuahua, haya más víctimas que averiguaciones previas. La Fiscalía General reporta ambas.
Entonces, ¿todas las procuradurías o fiscalías del país no están reportando el total de homicidios dolosos al Secretariado?
No sé, te aclaro que no tengo información para confirmar esa aseveración.
¿Cuáles son las cuatro entidades que están cumpliendo con el Secretariado?
Hasta el día de hoy son el DF, Puebla, Hidalgo y Colima. Estas entidades ya tienen completos esos requisitos.